Ley de tasas: Sobre ciudadanos, abogados y enquistamiento judicial

Como ya es sabido, el miércoles día 21 se nos atravesó el café de la mañana por la publicación en el BOE de la Ley de tasas, que muchos juristas consideramos inconstitucional e injusta.

Aquí estamos casi todos de acuerdo: los abogados ejercientes, los que (como yo) no ejercemos, judicatura, personal de la Administración de Justicia… Las cosas no podían hacerse peor, bajo mi punto de vista, por tres motivos:

1. El más evidente, por el ciudadano, que deberá pagar para ejercer lo que se supone que es un derecho fundamental.

2. Para los abogados, sobre todo los de los despachos más pequeños. El pago no deja de ser una medida disuasoria para litigar y, si bien los abogados verán aumentar su intervención en la resolución extrajudicial de conflictos por un lado, por otro lado es obvio que el volumen de asuntos que se lleven ante juzgados y tribunales va a disminuir. Pero aparte de esta cuestión principal, hay otra accesoria: no todos los despachos de abogados van a acusar de la misma manera la entrada en vigor de la Ley de tasas.

Al respecto, llama la atención el artículo 3.2, de acuerdo con el cual el pago de la tasa podrá realizarse por el abogado a nombre y por cuenta del sujeto pasivo. Esta previsión favorece a los despachos más grandes, que tendrán más margen de maniobra para pagar la tasa en el momento de interponer la acción judicial de que se trate (sin perjuicio, por supuesto, que se la acabe cobrando al cliente a posteriori).

3. Por el supuesto (o uno de los supuestos) objetivos de la Ley, consistente en racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Preámbulo, apartado I, último párrafo). Me parecería muy loable si no fuera porque en paralelo se han adoptado otras medidas que contribuyen a enquistar aún más el endémico atasco judicial.

Estoy pensando concretamente en la reforma laboral, también conocida por todos nosotros. Sin extenderme demasiado, una de las novedades de esta reforma consistía en desproveer a la Autoridad Laboral gran parte de su poder decisorio en materia de ERE’s: ahora simplemente puede avisar sobre incumplimientos formales en el procedimiento de la extinción colectiva de contratos. En la medida que antes de la reforma ejercía una cierta función fiscalizadora ya que de hecho incluso autorizaba (¡o no!) los despidos colectivos, la Autoridad Laboral velaba de forma activa porque el procedimiento se ajustara a las previsiones del art. 51 del ET.  Después de la reforma, en la práctica, los juzgados de lo social están ejerciendo ex post parte de la función de control que antes tenía encomendada la Autoridad Laboral.

Sintetizando: ¿no es extraño que, por un lado, se apruebe una medida susceptible de hacer aumentar los casos de los que conocen algunos órganos jurisdiccionales, y por otro racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional? Hay algo que no me cuadra aquí.

Otra cuestión es cuál es la mejor manera de reformar la Administración de Justicia, que necesita una modificación a fondo. Personalmente, creo que el camino correcto tendía hacia las ideas básicas de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, cuya aplicación sigue siendo una entelequia. Recortar no puede ser un buen camino. Y menos aún cuando se trata de derechos fundamentales.

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