Sobre la reforma de la función pública, las perversiones del lenguaje y la sopa de ajo

Este post nace de la perplejidad que me ha causado este artículo del diario El País: «Expertos de la Generalitat proponen prescindir de la mayoría de funcionarios«

 

En resumen, una comisión de expertos ha elaborado un informe que aboga (literalmente) “por una Administración más “eficaz, eficiente, transparente y que rinda más cuentas”, que considere al ciudadano su cliente y que esté mucho más profesionalizada que ahora”.

¡Un momento! ¿Estar «mucho más profesionalizada» que ahora? Pocas veces una afirmación hecha en un periódico me ha parecido más insultante: aún no sé si se ha pretendido denigrar a todo un colectivo (166.000 personas, ¡ahí es nada!), o si simplemente, quien ha soltado tal perla no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo.

Cualquiera que tenga cuatro nociones sobre función pública (y dos dedos de frente, dicho sea de paso) sabe perfectamente que para ocupar un puesto incluido en la RPT de funcionarios, hace falta cumplir con unos mínimos requisitos académicos; y es que tal como establece el artículo 76 del EBEP:

“Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: título de bachiller o técnico.

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.”

Es más, no sólo se necesita la titulación correspondiente para opositar (ergo, para poder acabar siendo funcionario de carrera y ocupando una plaza con destinación definitiva), sino que incluso para ocupar la plaza como interino hace falta cumplir estos requisitos de formación. Requisitos que, por cierto, no se exigen para el nombramiento de personal eventual (me remito al contenido del Decreto 2/2005, aprobado por el Govern de la Generalitat), ni tampoco para los cargos de corte político (dicho en otras palabras, de director general para arriba).

Es decir, me parece muy curioso que a los funcionarios de carrera se nos pida hasta la fe de bautismo (lo cual me parece bien) pero que por otro lado el ordenamiento no exija ningún requisito de formación a los que tienen mayores responsabilidades y, por qué no decirlo, a los que también más cobran del erario público. Y más curioso aún me parece que a los empleados públicos se nos ponga la etiqueta de que no estamos “suficientemente profesionalizados”, cuando hemos tenido que demostrar nuestro mérito y capacidad vía concurso-oposición.

¿Que los sistemas de selección de las AAPP son mejorables? Totalmente correcto, y de hecho lo comento a continuación. Pero por favor, no dejemos que nos insulten: ni a nosotros, ni a nuestra inteligencia.

Y por otro lado, ¿qué es eso de que el ciudadano es “nuestro cliente”? Rotundamente falso: el ciudadano es administrado. Si empezamos a utilizar términos mercantilistas para definir la función pública, corremos el peligro de concebir el sector público como una empresa. Y no: la administración pública no se puede regir por principios de coste – beneficio, porque si no, por esta regla de tres, la gente sólo tendría derecho a la educación, a la sanidad, a la seguridad o a realizar trámites en la medida que pudiera pagarlo. Empezamos siendo “clientes” en vez de “administrados”, y acabamos pagando por ejercer nuestros derechos. Ojo con las perversiones del lenguaje.

 

Y dicho esto, seguimos para bingo.

En otro punto, la noticia indica que según el informe cabría “limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa”, “internalizar la inteligencia, externalizar el trámite” y que “los puestos de trabajo de plantilla se deben reservar, en general, a tareas cualificadas de valor añadido y a aquellas funciones necesarias para contratar, supervisar y gestionar servicios públicos a través del mercado. Los trabajos de puro trámite o apoyo logístico y las de estricta ejecución deben tender a externalizarse”.

A ver si me aclaro…

¿Me pueden aclarar cuál es el significado de “funciones conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa”? Me temo que éste es un concepto jurídico indeterminado de manual. Todos los puestos ocupados por funcionarios de carrera, todos, desde el subdirector general hasta el último subalterno tienen una conexión con la autoridad. La idea expresada por el documento es opaca y, realmente, parece poco reflexionada antes de su exteriorización.

Y en cuanto a “internalizar la inteligencia, externalizar el trámite” parece una puya propia de quien piensa que en la administración sólo hacemos tres cosas: tomar cafés, leer el periódico y poner sellos. Pues oigan, quizás no hacemos eso. Personalmente, yo hago informes jurídicos, estudios, resuelvo cuestiones/dudas y preparo sesiones y materiales de formación sobre la materia que me pidan mis superiores jerárquicos (evidentemente, toda ella relacionada con el mundo de la inspección de trabajo y el derecho laboral). Creo, o quiero creer, que la mía es una “tarea cualificada”, de ésas que incluso se externalizan a consultorías o despachos con un coste para el ciudadano – créanme – muyyyyy superior a lo que me pagan en cada nómina. No se engañen: del desmantelamiento del sector público se van a beneficiar unos pocos, y no vamos a ser ni los empleados públicos, ni los ciudadanos.

 

Siguiendo con el contenido del informe, éste encuentra defectos al modelo de “oposición memorística, ascensos por antigüedad o uniformidad salarial” y apuesta por incorporar “instrumentos de selección basados en competencias”, de no remunerar más solo por antigüedad, de evaluar el trabajo o de velar por generalizar las remuneraciones variables.

En todo esto estoy totalmente de acuerdo; de hecho, aunque aprobé una oposición 100% memorística allá por el año 2003, no creo yo que sea el método adecuado para seleccionar las mentes más brillantes. Con nuestros actuales sistemas de selección, hay capacidades que no se valoran, o se valoran muy de puntillas (como por ejemplo, la expresión escrita, la relación de ideas… en definitiva, cómo tenemos amueblada nuestra cabeza). En la época actual, y gracias a las TIC, estamos a dos clicks de cualquier norma jurídica consolidada, con lo cual conocer de memoria el contenido del artículo 59 de la Ley 30/1992 pierde gran parte de su sentido; opino que actualmente es más digno de valorar saber dónde encontrar las respuestas que saber la respuesta de carrerilla.

En cuanto a no sólo retribuir por antigüedad, OK. De hecho, hasta el ejercicio 2009 (incluido), los empleados de la Generalitat recibíamos cada diciembre la “bufanda”, o lo que es lo mismo, el complemento de productividad. Pero en 2010 sucedió lo que todos recordáis, y uno de los muchos recortes que sufrimos consistió en reducir nuestro complemento de productividad a cero. Sí que es cierto, llegados a este punto, que hay que admitir que los criterios en virtud de los cuales se otorgaba la productividad eran muy mejorables; pero en este punto, el trabajo no aporta nada nuevo bajo el sol, ya que habla de un mecanismo que la normativa ya prevé y que, de hecho, ha funcionado (mejor o peor) hasta hace cuatro días.

 

El trabajo también hace referencia a la adhesión a “códigos de conducta de los empleados públicos” y “códigos deontológicos de valores y ética pública”.

Y en cuanto a los códigos de conducta y productos de nombre similar, tampoco en este punto el estudio ha descubierto la sopa de ajo: de hecho, el EBEP prevé la existencia de un código de conducta (art. 52) y establece los principios éticos que deben seguir los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones (art. 53), así como los principios de conducta que también deben seguir (art. 54). Desde 2007 ha habido tiempo para elaborar y aprobar dichos códigos de conducta previstos en la normativa básica estatal (digo yo, vaya…).

 

En fin, señores, juzguen ustedes. Creo que para este viaje no hacían falta estas alforjas. Creo que son correctas las premisas relativas a las deficiencias de la función pública, sin embargo también opino que extraen conclusiones erróneas de esas premisas. Y es que me parece totalmente falaz, tendencioso y torticero insinuar que porque los sistemas de selección son muy mejorables, los empleados públicos no seamos suficientemente competentes; o, por ejemplo, partir de la base que como nuestra retribución es fija, no damos lo mejor de nosotros mismos. Evidentemente, hay quien se columpia en el sector público (ojo: y en el privado, también). Pero puedo asegurar que la mayoría de empleados públicos con los que me he encontrado en estos nueve años de carrera administrativa hacen un trabajo de calidad y que, por desgracia, es invisible para el ciudadano en gran parte de los casos. Y en esta invisibilidad radica, precisamente, nuestro punto débil: y es que nuestra labor hace mucho menos ruido que titulares amarillistas, informes de presuntos expertos que descubren la sopa de ajo a cada página y declaraciones incendiarias de políticos contra nuestro colectivo.